
La Defensoría fue implementada mediante el Acuerdo 9571 del 11 de mayo de 2023, que modifica el Acuerdo 8663 del 13 de agosto de 2019, estableciendo sus funciones, estructura y composición dentro del Ministerio de Justicia. Su funcionamiento quedó regulado por la Resolución 496/2023, publicada en la Gaceta Oficial No. 96 Ordinaria el 11 de octubre de 2023.
Tiene como misión proteger, garantizar y restablecer los derechos de personas en situación de vulnerabilidad sociojurídica en conflictos de índole civil, familiar, mercantil, laboral y de seguridad social.
La vulnerabilidad sociojurídica es aquella en la que las condiciones personales o contextuales de una persona, que se encuentra en conflicto, inciden en la vulneración de sus derechos y constituyen barreras para el ejercicio o la defensa de un derecho concreto, en igualdad de condiciones con las demás. Las barreras pueden ser administrativas, judiciales, de movilidad, de comunicación, de información o psicológicas.
Existen algunas personas que se han identificado dentro de este grupo, como niños, niñas y adolescentes, las personas en situación de discapacidad, las personas adultas mayores, las personas víctimas de violencia verbal, física, psíquica, moral, sexual, económica, patrimonial u otras, negligencia, desatención y abandono, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta y discriminación, las declaradas judicialmente ausente, entre otros.